Para quienes nos formamos profesionalmente como abogadas y abogados desde la década del 90 en el marco de la renovación constitucional en América Latina, es natural considerar que con el uso de mecanismos jurídicos constitucionales pueden corregirse las fallas estructurales de los sistemas políticos que se manifiestan en toda suerte de desigualdades sociales y arbitrariedades en el ejercicio del poder. Esta generación de abogados y abogadas fue heredera de la centralidad del lenguaje de derechos en la interlocución sociedad -Estado, de un bagaje teórico enriquecido desde varias décadas atrás con las escuelas críticas del derecho y de la creciente constitucionalización de las prácticas jurídicas derivadas de los emotivos procesos constituyentes que se sucedieron en toda la región.