En América Latina, y particularmente en la región andina, las experiencias de introducir los presupuestos sensibles al género han estado enmarcadas en la crisis de gobernabilidad y en la puesta en marcha de reformas al estado que proyectan un papel crecientemente protagónico a los gobiernos locales. Pese a que estas reformas han dado pie a una mayor participación ciudadana y han abierto el campo a ciertas innovaciones administrativa, las experiencias muestran que los presupuestos no han sido ajustados a los compromisos de equidad de género acordados por los gobiernos locales y nacionales. Efectivamente, los estudios aquí publicados muestran que si bien todos los países cuentan con documentos de políticas como son los planes de igualdad de oportunidades u otros similares que hablan de la construcción de la igualdad de género, esta retórica no ha estado acompañada por una asignación de recursos tendientes a disminuir las brechas de género ni a mejorar los derechos de las mujeres.