Los partidos políticos fueron elementos centrales en el ordenamiento político que se inauguró en 1979 con el retorno al régimen constitucional. Tanto la Constitución, como las leyes de partidos y de elecciones, les asignaban un lugar de privilegio para la representación y la canalización de los intereses ciudadanos. En realidad, como se ha afirmado reiteradamente, a ellos se les concedió el monopolio de la acción política en la medida en que eran las únicas agrupaciones que podían presentar candidatos para las elecciones y, en consecuencia, ejercer la administración de todas las instancias originadas en el voto popular.