La investigación se enfocó en analizar cómo los mecanismos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) aportaron al proceso de justicia transicional colombiano en los años 2017-2022, al incluir la responsabilidad de los terceros civiles (actores no combatientes) en la comisión de delitos en el marco del conflicto armado colombiano. Esto es relevante, ya que generalmente las responsabilidades de terceros son descuidadas en el debate teórico y abordadas indirectamente en los casos empíricos, siendo Colombia el primer precedente que las incluye directamente.