Mucho se habla hoy en día acerca de los impactos jurídicos de la inteligencia artificial, pero muy poco se ha discutido acerca de los mecanismos para poder medirlos. Los nacientes proyectos para regular la inteligencia artificial se fundamentan en una gestión de riesgos, una práctica incomprendida en el mundo jurídico, el cual tradicionalmente se ha caracterizado en una toma de decisiones basada en criterios subjetivos. Sin embargo, considerando que la tendencia general en las ramas pertenecientes al derecho de tecnologías de la información ha sido meta-regulatoria, son los desarrolladores de productos basados en inteligencia artificial los encomendados para implementar una gestión de riesgos para la protección de derechos y libertades de las personas naturales