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En los últimos ocho meses la confrontación ha sido evidente entre el Gobierno y el movimiento indígena, por sus posiciones aparentemente irreconciliables. El Régimen defiende un proyecto que busca, desde una visión centralista, tomar las riendas de la gestión del recurso. En tanto, los indígenas no quieren perder el control de un espacio que ancestralmente ha estado en sus manos y tachan al proyecto actual como “privatizador” y “poco participativo”.