La investigación sobre supuestos delitos electorales de parte del PLC y del propio presidente de la República y varios colaboradores suyos, han contribuido a debilitar la credibilidad presidencial. Varios funcionarios gubernamentales se han refugiado en su inmunidad para evitar la investigación sobre sus actuaciones durante la pasada campaña electoral. El Poder Ejecutivo transita por uno de sus momentos de mayor debilidad y de mayor responsabilidad en la elevación del riesgo país. Por otro lado, el Poder Judicial pasa por uno de sus momentos más difíciles en Nicaragua. La Corte Suprema de Justicia estuvo, desde finales del año pasado, durante cinco meses sin presidente y sin vicepresidente y sin Salas, dos tribunales de apelaciones desintegrados; sin embargo, lo más grave es la desconfianza generalizada de la ciudadanía respecto a su funcionamiento. Esta crisis del Poder Judicial tiene repercusiones en el mundo de los negocios, puesto que los jueces deciden, entre otros temas, sobre el patrimonio de las personas. El Poder Judicial sigue siendo criticado porque se les atribuye subordinación a intereses políticos, pero esta situación se ve agravada además porque también se le atribuye retardación de justicia, es decir, lentitud extrema en el desarrollo de los procesos judiciales. Finalmente, la Asamblea Nacional apenas ha logrado funcionar, pero no ha aprobado ninguna legislación relevante hasta ahora, especialmente aquella asociada con las reformas estructurales acordadas entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional.