Casi como un rito que debe ser cumplido sin reparos, un sector de las ciencias sociales ecuatorianas ha venido cuestionando el carácter democrático del ordenamiento político vigente desde 1979. En particular, la crítica ha destacado tres aspectos: la naturaleza exclusivamente formal de esa democracia, su incapacidad para resolver los problemas económicos y sociales y sus estrechos canales de participación.