Muchas expectativas se generaron en el mundo rural cuando el gobierno de Rafael Correa asumió la conducción del Estado. El proceso constitucional y la aprobación de algunas leyes relacionadas con el campo alimentaron estas ilusiones, pues parecía posible la mejora de la situación de las familias campesinas. En el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV), se plantea la necesidad de fortalecer a los pequeños campesinos, y se reconocía su importancia estratégica para la soberanía alimentaria. En el artículo primero de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA), se propone fomentar preferentemente la pequeña producción campesina; mientras la Constitución, en el artículo 334, reconoce la necesidad de redistribuir los factores de la producción, entre ellos la tierra y el agua.