Desde hace no mucho tiempo los gobiernos locales en América Latina empezaron a incorporar la competencia de seguridad ciudadana dentro de su accionar de política pública en al menos a tres factores: (i) Un proceso de reforma del Estado; (ii) Nuevas políticas de seguridad; (iii) Un significativo incremento y transformación de la violencia en la región. Por lo tanto, se trata de diseñar un sistema en el que coexistan distintos nodos, tanto estatales y sociales, locales y nacionales, así como públicos y privados.