La seguridad privada se ubica fundamentalmente como una opción de los sectores económicos con posibilidades de acceder a este servicio, mientras aquellos sectores que no cuentan con recursos económicos, han optado por intensificar la demanda de seguridad al Estado y al Gobierno Local, a la vez que han optado por acciones de justicia paralela o por mano propia. Es necesario que el Gobierno defina la relación entre las empresas privadas de seguridad y la Policía Nacional, con el propósito de alcanzar adecuados niveles de coordinación que viabilice el apoyo de la empresa privada al logro de una seguridad eficiente, contribuyendo de manera efectiva a la seguridad ciudadana.