Se hace un análisis del estado actual que guarda la participación política de los migrantes en el ordenamiento jurídico federal mexicano, con el propósito de determinar si ésta se encuentra sujeta al respeto irrestricto del principio de igualdad, o bien, si privilegia distinciones razonables respecto a la regulación del derecho a votar y ser votado, y si se satisfacen éstas últimas, en qué consisten dichas distinciones y, por último, si la aplicación de éstas por el legislador genera un trato discriminatorio respecto a la regulación amplia del derecho a votar y ser votado de los migrantes.