¿Qué entendemos por economía social y solidaria? Esta es una pregunta particularmente pertinente para países como Ecuador, Venezuela y Bolivia, y potencialmente, Paraguay, donde gobiernos de raíz popular abren posibilidades de generar normas jurídicas y políticas públicas integrales, dirigidas a reconocer, potenciar y desarrollar formas de producción, distribución, circulación y consumo, las mismas que constituyen alternativas para la vida, ante las excluyentes y predominantes formas capitalistas y sus socialmente insensibles transformaciones, asociadas a la globalización y la revolución tecno-organizativa del capital.