El derecho a la alimentación y nutrición constituyen una de las libertades fundamentales del hombre, una capacidad básica, sin cuyo ejercicio no se puede hablar de bienestar. Este derecho humano fundamental está recogido en diferentes instrumentos legales internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y en otros foros y acuerdos mundiales como la Convención de los Derechos del Niño (1989) y la Cumbre Mundial de la Alimentación (1996). No obstante de estos compromisos globales, una de las principales contradicciones del mundo actual, es de que a pesar de que el planeta alimenta hoy a más seres humanos que nunca antes en su historia, la desnutrición infantil y el hambre continúan siendo uno de los mayores flagelos en el mundo. Ecuador, al igual que el resto de países de Latinoamérica no son la excepción; ya que a pesar de que la región en conjunto produce alimentos suficientes para alimentar a toda su población, existen más de 53 millones de personas2 para quienes la pobreza y el hambre siguen siendo factores determinantes de su vida cotidiana. Al no ser un problema de la producción y disponibilidad de alimentos, esta realidad responde directamente a problemas de inequidad y a la mala distribución de recursos, incluyendo el ingreso y recursos productivos que limitan la capacidad de acceso de los hogares a suficientes alimentos nutritivos y culturalmente aceptados para tener una vida sana y productiva.