El modelo de desarrollo se encuentra atravesado por un conjunto de tensiones relacionadas con la necesidad del gobierno por contar con recursos para mantener el gasto público. Distintos actores sociales y políticos plantean límites a la explotación petrolera y cuestionan la apertura de la minería en gran escala. La viabilidad de recuperar la capacidad de intervención y regulación del Estado tiene una barrera en las restricciones ambientales que pueden ser activadas por la movilización social.