En la Constitución de 1998 se produjo el reconocimiento de los derechos colectivos para los pueblos indígenas. Esto permitió que se legitimen las prácticas de la justicia indígena en los espacios comunitarios. La administración de justicia indígena dirigida a la resolución de conflictos internos en la vida comunitaria cuenta con reglamentos y actas de resolución de conflictos. Así mismo, el uso de la escritura ya no se considera perjudicial para las autoridades indígenas.