La nueva constitución evidencia una cuestión compleja relativa a los gobiernos autónomos descentralizados. Estos en realidad suponen diversos niveles locales de poder, atribuciones y competencias. La representación política es problemática en el contexto de una fragmentación territorial. El diseño de un sistema electoral se enfrenta a la necesidad de tomar en cuenta una arquitectura institucional que organice adecuadamente un territorio social, etnia y demográficamente desequilibrado.