Durante la década pasada, el área que ocupaba la minería se multiplicó por cinco, provocando que más de la mitad de comunidades campesinas que contaban con títulos de propiedad se encontraran de pronto en zonas de influencia minera. A finales de 1999, los derechos mineros vigentes ocupaban el 12% del territorio nacional, consolidándose la presencia minera no solamente en zonas donde tradicionalmente existió, sino que se expandió hacia otros lugares donde la actividad era reducida; es el caso de regiones andinas como Ancash, Cajamarca, Apurimac y La Libertad.