El 5 de marzo pasado, el gobierno de Rafael Correa firmaba su primer contrato de explotación minera metálica a gran escala en el Ecuador, con un consorcio de dos empresas paraestatales chinas, CCRC y Tongling. Esta luz verde al megaproyecto Mirador abre una nueva era minera en el Ecuador, la de una extracción industrial y masiva de cobre, oro y otros metales, que tiene por objetivo suplantar a la extracción petrolera en su papel de principal generador de ingresos para el Estado. Si bien el gobierno promete adoptar una postura soberana que contrastaría con las administraciones que le precedieron, prometiendo la generación de cuantiosos ingresos para el Estado, cabe relativizar sus cifras como veremos más adelante. Por otra parte, la propaganda estatal a favor de la minería (la cual es directamente inspirada, si no dictada por el sector minero transnacional) se basa principalmente en el discurso de la minería denominada “responsable”, “sostenible”, “sustentable”, “bien hecha”, e incluso en adecuación con el “Buen Vivir”. ¿Es posible tal minería? ¿De qué herramientas dispone el Ecuador para asegurarse de su realización? ¿Logrará el gobierno ecuatoriano lo que virtualmente ningún país en el mundo alcanzó hasta la fecha: captar la mayoría de las riquezas generadas a raíz de la explotación de minerales, minimizando los pasivos socio ambientales para las generaciones futuras? Con esta breve contribución queremos aportar elementos para el debate sano que el mismo presidente Correa sugirió1, intentando evaluar la pertinencia de la mega minería como modelo económico dadas la características económicas, políticas y naturales del Ecuador.