Probablemente el asunto más evidente e importante de esa “agenda olvidada” del régimen es la aprobación de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, que de acuerdo a la Constitución de Montecristi, debió haber sido aprobada un año después de su entrada en vigencia. El presidente Correa declaró a esa ley “no prioritaria” para la propuesta política de la revolución ciudadana, por lo que se podía gobernar sin ella. En ese sentido, efectivamente se ha gobernado con una ley vigente desde 1972, misma que fue reformada de modo inconstitucional mediante una codificación realizada en abril de 2004. Esa ley posibilitó el acaparamiento de agua en pocas manos. Por lo demás, la vigencia de esa norma de carácter neoliberal es algo contrario a los mandatos de la Constitución de 2008.