En los últimos meses el Ecuador se ha visto envuelto en un torbellino de acontecimientos políticos y movilizaciones sociales a consecuencia de la elaboración de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Esto era de esperarse, pues al querer normar los usos del agua aparecen claramente los intereses de clase, es decir, lo que demanda cada uno de los sectores sociales y grupos económicos que tienen relación con el recurso, en función de su propio beneficio, así como su expectativa de que la ley en ciernes se incline para su lado y no para el otro. En la Ley de Aguas de 1972 se institucionalizó la figura jurídica de las “concesiones”, que no son otra cosa que la entrega, muchas veces sin límite de tiempo, de caudales de agua básicamente a empresas privadas, para su administración, aprovechamiento y lucro, dejando a una gran mayoría de ecuatorianos –especialmente pequeños y medianos productores del campo– al margen de esa distribución y uso. Por lo mismo, la Ley de 1972 consagró la inequidad en la distribución y aprovechamiento del recurso.