Cuando se promulgó la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, vastos sectores ciudadanos coincidieron en señalar que muchos de sus contenidos expresan una concepción autoritaria y antidemocrática de la relación entre el Estado y las Universidades y que jurídicamente son inconstitucionales. Efectivamente la LOES permite concentrar el control político del gobierno de turno respecto del sistema nacional de educación superior, estableciendo un tramado institucional en cuya cúspide se yergue, como un rector de rectores, el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, designado por el Presidente de la República. La forma misma de integración del Consejo de Educación Superior CES y del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES, aleja a estos organismos de las instituciones que conforman el sistema de educación superior, los supeditan al régimen y los subordinan a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, en nombre de que el Gobierno tiene la atribución de definir las políticas públicas.