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La conflictividad sociopolítica en el presente cuatrimestre ha estado marcada por la emergencia de demandas regionales y locales insatisfechas, y por la lentitud gubernamental en el tratamiento y respuesta efectiva a los principales problemas sociales que se encuentran pendientes en la extensa agenda de la política pública. En efecto, el período en mención ha sido depositario de una serie de tensiones provenientes del sector educativo y de la salud; de los gobiernos seccionales que no han visto satisfechas sus aspiraciones, principalmente las presupuestarias y energéticas; de la ciudadanía que se siente estafada por el cierre de entidades bancarias que hasta la fecha no han podido tener certezas en la devolución de sus recursos, y del recurrente factor de inseguridad ciudadana y fronteriza que últimamente ha puesto en estado de alerta a las FFAA.