La nueva Constitución le otorga al país un nuevo marco de organización política e institucional radicalmente diferente al anterior, en muchos importantes aspectos. Con ella, el Estado social de derecho es superado por el Estado constitucional de derechos y de justicia que, en lo sustancial, se caracteriza por reconocer y garantizar constitucionalmente un nuevo y amplio conjunto de derechos fundamentales – individuales, sociales y de la naturaleza - así como por compartir el ejercicio del poder con la ciudadanía, mediante un conjunto de novedosos mecanismos de participación y la instauración de una quinta función, la de Transparencia y Control Social. Ante la apertura del debate legislativo y público sobre la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, que debe dictarse próximamente por mandato constitucional, conviene plantear algunas breves reflexiones sobre el Informe de Mayoría de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional y, específicamente, sobre la nueva estructura orgánica que sugiere para el sistema de educación superior.