Los empresarios dueños de los grandes medios de comunicación en Ecuador y América Latina, escoltados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otros cuentos, han tenido una libertad irrestricta en defensa de sus intereses, pero no necesariamente en defensa de la libertad de expresión. Una Ley de Comunicación sea en Ecuador, Argentina, Uruguay o en cualquier parte puede ser una herramienta para comenzar a ordenar los distintos espacios comunicacionales teniendo en cuenta que la libertad de expresión debe llegar a todos los ciudadanos y no solamente a los dueños de los grandes medios. Teniendo en cuenta la democratización de la comunicación y particularmente de los medios de comunicación.