La implementación de una economía alternativa no puede verdaderamente realizarse sin contar con una nueva arquitectura financiera nacional e internacional. Esta última representa un desafío muy grande pero ya están en marcha algunas iniciativas. Sin embargo, en el ámbito interno, una reingeniería del sistema financiero público y privado permanece en el limbo, con lo cual, una estructura que socialice los servicios financieros y asigne equitativa y eficientemente los recursos a quienes realmente los van utilizar para la reactivación productiva y la generación de empleos dignos, sigue siendo una ilusión; al igual que una corporación financiera para el campo y los pequeños productores. El manejo monopólico y especulador del dinero sigue en pie, no hay recambios en los organismos de control. En definitiva, es muy poco lo que el gobierno ha realizado en el objetivo de cumplir uno de los mandatos constitucionales más imperativos: construir una economía distinta, una economía social y solidaria, muy diferente de aquella caracterizada por una supuesta libre competencia. Está todavía en ciernes una transición a nuevas relaciones de producción e intercambio, que combinen la eficiencia y la equidad sin perder de vista una productividad sistémica, es decir que beneficie a la colectividad y no a contados individuos.