El régimen de desarrollo no se modifica por decreto, ni por medio del mandato constitucional que define a la organización económica en el Ecuador como social y solidaria. Sin embargo, la voluntad de cambio que mostró la sociedad y que se expresó en el proceso Constituyente entre el 2007 y el 2008, que culminó con la aprobación de la nueva Constitución por parte de una gran mayoría del pueblo ecuatoriano, marcó una nueva situación de las fuerzas sociales en el país que hace posible el avance en la transformación económica del Ecuador. Sobre la base de esta realidad, se vuelve viable la definición de una hoja de ruta que guíe la acción transformadora de la economía ecuatoriana, de forma tal que el gobierno de la Revolución Ciudadana pueda convocar y aglutinar a un conjunto de fuerzas sociales que tienen la voluntad de encarnar el proceso de transformación.