La sociedad ecuatoriana, al igual que la mayor parte de los países latinoamericanos, atraviesa por un período de ruptura radical en relación al régimen económico y social de capitalismo salvaje que se consolidó a lo largo de las tres últimas décadas, bajo el predominio de partidos y actores políticos ligados al sector financiero (nacional y transnacional), comercial (exportador, importador, comercio interno), a la explotación de los recursos naturales no renovables (petróleo, minería, pesca), al empresariado (sustentado en la restricción salarial) y al patrimonialismo oligárquico. Este proceso, que recrea la denominada vía política de transformación de la sociedad, se inaugura en el caso ecuatoriano en el año 2007 con el ascenso a la Presidencia de la República, mediante el sufragio, de Rafael Correa y Alianza PAÍS, y alcanza su proyección definitiva a través de la Asamblea Nacional Constituyente y la aprobación de la Constitución de Montecristi, en octubre del año 2008.