El Gobierno de Rafael Correa suma cada vez más conflictos con aquellos sectores populares que a lo largo de más de treinta años han impulsado las banderas que le permitieron ganar la presidencia. Lo hace desde una perspectiva propia de la democracia liberal que mira solo a sujetos convertidos en ciudadanos y, por tanto, ficticiamente iguales en la sociedad, y desde un absurdo desconocimiento de quienes son los aliados naturales de un proceso de cambio en el que hoy empieza a ponerse en duda la participación del propio Presidente Correa, que da muestras de abandono de sus posiciones iniciales. Para los promotores de la “revolución” ciudadana solo existen individuos y no sujetos históricos, lo que les lleva a pensar que en su análisis y prácticas no hay las clases y los sectores sociales que conforman la sociedad ecuatoriana y que, al decir de Agustín Cueva, son indispensables en la consideración política porque constituyen “la anatomía de la sociedad civil”. Esto deja al Presidente Correa como el actor central de un cambio cuyo origen y destino está –aunque algunos no quieran verlo– en la lucha de clases y la lucha de las nacionalidades indígenas que tienen lugar en el territorio ecuatoriano. La educación es un área de vital importancia para el futuro del país. Esto lo dice todo el mundo. Estudios y organismos internacionales especializados, reconocen –además– que ninguna reforma es exitosa si se la hace sin la activa participación de los maestros y menos aún en contra de ellos. Se señala también que contar con un gremio unificado y propositivo es una ventaja que hay que aprovecharla. Eso debe entender el Gobierno de Rafael Correa, los maestros y la sociedad en su conjunto, pues el diálogo educativo debe continuar, ampliarse, ser más publicitado, abrir nuevos espacios para que, sin prejuicios ni estereotipos, las partes puedan buscar caminos nuevos de solución de la crisis.