Desde el descubrimiento de importantes reservas de hidrocarburos a medianos de los sesenta, el Ecuador se ha desarrollado en base a las exportaciones de petróleo. El 90% de la producción nacional (250.000 barriles por día, en promedio anual) procede de la región amazónica, que cubre casi la mitad del país con unos 200.000 km2 y alberga menos del 5% de la población nacional (estimada en 12 millones). La “bonanza petrolera” se acompañó, sin embargo, de un creciente endeudamiento y de una dependencia tanto tecnológica como financiera hacia el exterior (Fontaine 2002). Hasta 1992, Texaco Inc. fue la principal operadora de la concesión del Nororiente. El balance socio ambiental dejado tras veinte años de explotación fue criticado por varios grupos ecologistas y defensores de los derechos humanos (Kimerling 1993, Jochnick et al. 1994) y dio lugar a un proceso judicial ampliamente cubierto por los medios a nivel internacional, conocido como “el caso Texaco”. Ahora bien, tras ocho años de lucha ante las cortes estadounidenses, este caso fue reenviado al Ecuador, según lo decidió en última instancia la Corte de Apelaciones, en agosto de 2002. En este artículo quisiéramos recordar en una primera parte cómo se desarrolló el “caso Texaco”. En una segunda parte, desde el punto de vista del desarrollo sustentable, nos interrogaremos sobre lo que está en juego, más allá de este caso, para la región amazónica ecuatoriana y el Ecuador.