La iniciativa Yasuní –presentada por Alberto Acosta cuando fue Ministro de Energía y Minas en los primeros tiempos del gobierno de Rafael Correa– recogió las propuestas de varias personas, movimientos y organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana y fue asumida por el Presidente de la República, Rafael Correa, en la sesión del Directorio de Petroecuador, el 30 de marzo de 2007. De esta manera, Rafael Correa congeló las pretensiones de Petroecuador de empezar inmediatamente el proceso de licitación para la extracción del crudo del campo Ishpingo- Tambococha-Tiputini (ITT). En esa ocasión el pronunciamiento del Ministerio de Energía fue muy claro: “Se aceptó como primera opción la de dejar el crudo represado en tierra, a fin de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados. Esta medida será considerada siempre y cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo, recursos que requiere la economía ecuatoriana para su desarrollo”. De esta declaración se deducen dos asuntos: desde la perspectiva presidencial, siempre había una segunda opción: el extraer el petróleo. Los objetivos de conservación de la biodiversidad de Yasuní y de respeto al territorio de los pueblos en aislamiento voluntario se garantizaban en la medida en que se obtuviese una compensación internacional estimada entonces en 350 millones de dólares. Adicionalmente, el dejar el crudo en el subsuelo suponía concentrar en esa opción los esfuerzos prioritarios y, sobre todo, ser coherente con ella.