Las reservas energéticas fósiles son la espina dorsal de las economías nacionales en el mundo. Hasta ahora, todo aumento en los niveles de vida va de la mano del crecimiento de la demanda energética. Es así que la curva de consumo energético en los pasados decenios iba en una sola dirección: cuesta arriba. Sobre todo los países industrializados consumían y producían, como si no hubiera un mañana. Sus sistemas económicos se fundamentan en el uso exorbitante de energía fósil. Los países en transición más avanzados, como China e India, transitan en su desarrollo por este mismo camino. La demanda mundial de petróleo entretanto se ubica en cerca de diez millones de toneladas al día; a esto se suman 12,5 millones de toneladas de carbón de piedra (hulla) y 7 mil 500 millones de toneladas de gas. De esta forma, hasta ahora cualquier crecimiento económico estuvo estrechamente ligado a un aumento de emisiones de CO2. Como productor de petróleo, Ecuador gana por una parte por el creciente consumo mundial. Por otra parte, los graves accidentes de extracción ocurridos en el pasado y las reservas en paulatino agotamiento han provocado una discusión sobre el uso adecuado del petróleo. La nueva Constitución también lo atestigua al otorgar rango de tema constitucional a la protección ambiental. Este paso llama la atención, y con justa razón.