Las constituciones son restricciones y precompromisos que se autoimponen las sociedades para conseguir objetivos que se desea como sociedad. En este sentido, un cambio constitucional implica articular una nueva propuesta de las restricciones y compromisos que cada ciudadano y agrupaciones se comprometen en el afán de conseguir los objetivos de la comunidad política. Es decir, es un pacto de convivencia que se produce a través de un contrato social. El objetivo de este artículo es visualizar, en clave de filosofía política, los problemas de justicia distributiva de las restricciones y precompromisos de la Constitución de 1998; y, a partir de tal reconocimiento, analizar si la nueva Carta Magna de 2008 constituye o no un cambio radical en el contrato social propuesto a la sociedad ecuatoriana. El nuevo pacto de convivencia parte del hecho de la abismal desigualdad, exclusión y discriminación que existe en el Ecuador. En este sentido, una primera arista de la Constitución de 2008 es reducir tales brechas a través de procesos de (re)distribución de los beneficios del desarrollo.