La convocatoria y elección popular de la Asamblea Constituyente en 1990 en Colombia, es uno de los hitos de la política de fines de siglo XX de este país, y da cuenta de una coyuntura compleja. Así se evidencia en la intencionalidad de su convocatoria: la búsqueda de fórmulas para que el Estado –gobernado por líderes honestos y competentes– pudiera asegurar la paz, terminar con la impunidad y ensanchar los ámbitos de la democracia participativa. La creación de un simbolismo democrático respondía a la intención de “superar la aguda crisis de legitimidad”. El resultado fue un texto catalogado como uno de las “más avanzados del mundo”, que –sin embargo– refleja disgregación de fines e intereses, de forma tal que resulta erróneo pensarlo como el resultado de consensos.