Consulta Popular del 15 de abril, en la que se resolvió la convocatoria a Asamblea Constituyente, con el pronunciamiento favorable del 83% de ecuatorianos y ecuatorianas. Este momento deja entrever, en primer lugar, un conjunto de condiciones encaminadas a la resolución de la hegemonía en el proceso de reestructuración del poder del Estado, fenómeno al cual me referí en el primer número de la Revista La Tendencia al analizar la coyuntura del año 2004. Allí hice referencia a la situación de desfase existente entre el proceso de reestructuración del poder del Estado –luego de la debacle financiera de 1999– y su representación formal enquistada en la vieja institucionalidad estatal y las tradicionales fuerzas políticas. En la mencionada interpretación decía que este entorno de reconfiguración del Estado condiciona el cambio del régimen político democrático ecuatoriano, que el gobierno del coronel Gutiérrez de ese entonces no alcanzó a resolver en la medida que prefirió la alianza con el tradicionalismo político, abandonando su proclama de cambio y a los sectores indígenas y populares, aliados en su campaña electoral, y en su primer momento de gestión gubernamental.