El interés que motiva el examen de la acción de tutela como mecanismo para el aprendizaje ciudadano se sustenta en que, tratándose de un procedimiento jurídico destinado a dotar de garantías constitucionales un conjunto de derechos individuales y eventualmente colectivos inherentes a la persona, su uso implica necesariamente apelar, demandar y obtener la protección demandada.