El proyecto de Ley orgánica del sistema autonómico, remitido por el presidente de la República al Congreso Nacional, plantea un problema jurídico de principio que puede formularse de la siguiente forma: En la actualidad, el ordenamiento jurídico ecuatoriano considera la posibilidad de establecer por ley un régimen especial de administración territorial autónomo, diferente o complementario del régimen seccional integrado por los Consejos Provinciales y Concejos Municipales. Y de aquí surgen algunas de las principales interrogantes. ¿En qué radicaría la autonomía de estas administraciones especiales? ¿En qué se diferencia esta autonomía de aquella que caracteriza a los actuales gobiernos seccionales autónomos? ¿Este régimen especial de administración presupone un tipo de organización institucional especial? ¿Una forma especial de organización del poder público? ¿Un conjunto de nuevos órganos para su ejercicio?