Una reseña de lo que ha sucedido con el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en el país evidencia el comportamiento de las distintas fuerzas sobre las que recaen las decisiones en torno a temas de trascendental importancia. Presiones del más diverso tipo logran frenar avances arduamente labrados desde la sociedad civil y, por ende, legitimados por ella. Tan mentada en épocas electorales por los más diversos candidatos a la hora de buscar votos, la participación ciudadana —fundamental en la elaboración de propuestas— queda relegada cuando se trata de decisiones que demandan, sobre todo, una férrea voluntad política. La coyuntura en que la Ley Orgánica de Salud se discutió, elaboró, aprobó y fue parcialmente vetada por el presidente Alfredo Palacio pone de manifiesto la crisis institucional que vive el país: priman las maniobras de los grupos interesados, se desconocen expresos mandatos constitucionales, se ceden espacios a sectores opuestos a cambios que, en cualquier ámbito, lleven al país a una sociedad más democrática, plural, equitativa.