Titular así este trabajo entraña dos aspectos básicos: el primero, que desde el gobierno intermedio —los gobiernos provinciales— demandamos y reconocemos como necesario iniciar un proceso autonómico; y, segundo que ello implica una reestructuración del Estado ecuatoriano. No es posible iniciar el análisis del tema autonómico sin articularlo a la nueva estructura del Estado nacional que demandan la sociedad y los distintos niveles de gobierno. Asimismo, estructurar un sistema autonómico no debe limitarse a la elaboración de un proyecto de ley orgánica que lo rija. Por el contrario, este proyecto debe ser el efecto de un proceso teórico-político que supone un amplio debate nacional y que debe ser el espacio propicio para redefinir el Estado ecuatoriano, sus funciones, alcances y las competencias de los tres niveles de gobierno: el central, el intermedio y el local (Municipalidades y Juntas Parroquiales). A partir de esta redefinición espacial-territorial, habrán de estructurarse las instituciones y organizaciones que, legitimadas por la sociedad, inicien su gestión. Sería dable aprovechar el espacio creado por este debate para diseñar una forma de intervención basada en la territorialidad antes que en la funcionalidad de las organizaciones.