El Sistema Judicial ecuatoriano sufre serias deficiencias surgidas de la incapacidad de atender la demanda ciudadana. Esto se debe principalmente a carencias institucionales y brechas de desarrollo existentes entre sus organismos y a la desarticulación del sistema en el territorio. Ninguna de las consideraciones territoriales como: ubicación poblacional, distancia y tiempo de recorrido, demanda, capacidad instalada y articulación entre instancias de justicia, se toman en cuenta actualmente en la provisión de servicios de justicia. Esto se ve agravado, además, por la limitada capacidad de despacho, denuncias de corrupción e injerencia política; esto da claros elementos para suponer porque la población no confía en el sistema de justicia en Ecuador. La disponibilidad del servicio en el territorio es una condición ineludible al hablar de calidad, dado que la prestación del servicio que no está territorializada es inaccesible. Si la población no puede llegar por distancia, tiempo, o limitación económica, el servicio no existe, el bien ya no es público y, por tanto, no se garantiza el derecho. Es necesario, por tanto, introducir nuevas formas de gestión en las que la provisión del servicio se articule con las lógicas propias del territorio, la distribución y el acceso.