Los cambios en las economías y sociedades rurales andinas que se han generado en las dos últimas décadas han sido profundos y complejos. Resalta a la vista el abandono de las reformas agrarias (aunque las mismas están regresando a la agenda política en Bolivia y Venezuela), la flexibilización de los mercados de trabajo junto a la promoción agresiva de viejos y nuevos renglones de exportación agrícola, sin considerar las consecuencias ambientales (como es el caso de las flores en Colombia y Ecuador), los programas focalizados del Banco Mundial y otras agencias dirigidos hacía campesinos “viables”, poblaciones indígenas y mujeres, la diversificación económica del campo hasta tal punto que en el Ecuador se estima que “entre 30 y 40% de la población rural tiene empleos no agropecuarios” (Chiriboga 2005:300), nuevos movimientos migratorios, nacionales e internacionales, provocados por la liberalización comercial, aumentos de pobreza y desigualdad en muchas zonas de los Andes causados por la manera en que los agricultores de la región y de otras partes de América Latina han sido obligados a competir con la agricultura subsidiada de los Estados Unidos (Stiglitz 2003:12), y mucho más.