Desde que el Ecuador manifestó por primera vez su intención de no explotar los recursos de los yacimientos Ishpingo Tiputini Tambococha (ITT) en el Yasuní, ha transcurrido más de un lustro. Todavía la propuesta no termina de despegar y si bien la explotación tampoco, los problemas socio-ambientales en la zona del Yasuní siguen vigentes, así como los imperativos energéticos y económicos que presionan al Estado para el aprovechamiento de los hidrocarburos en la zona. Ante lo que se avizora como un fracaso de la propuesta de política pública, surgen varias inquietudes ¿cómo es posible que una iniciativa de moratoria haya nacido en un país altamente dependiente del petróleo?, ¿qué condiciones llevaron a que se configure la propuesta en los términos en que lo hizo?, ¿por qué se eligió esta alternativa de moratoria petrolera para la protección de la zona y no otra? En definitiva ¿Cómo logró insertarse la moratoria a los campos ITT en la agenda de políticas públicas?