El contrabando afecta al Ecuador en dos sentidos: indirectamente, perjudicando las finanzas del Estado; y directamente, en la emergencia de mafias dedicadas al comercio ilegal. Dada ésta amenaza a la seguridad publica y a la seguridad ciudadana, se propone un mayor reconocimiento de las dinámicas del contrabando por parte de las autoridades, una política de control y desmantelamiento de las mafias y un proceso efectivo de judicialización ante el contrabando.