Este artículo pretende envidenciar el problema del lavado de activos enmarcado en el contexto de la globalización. Se prentende evidenciar cómo este fenómeno universal coadyuda a que la brecha entre riqueza y pobreza sea más asimétrica y comentar cómo otras legislaciones latinoamericanas –la mexicana de manera específica- aparentemente han dejado de lado en sus constituciones la protección de garantías constitucionales para combatir el crimen organizado y las actividades ilícitas.