Los cambios producidos en la administración del Estado ecuatoriano, a partir del 2007, determinan la ruptura con los modelos de desarrollo que se inician en la década de los 50 con la concepción cepalina y el patrón desarrollado luego del boom petrolero, y continúa con el período neoliberal, los cuales profundizaron las condiciones de inequidad y exclusión en la conformación urbana y provocaron fenómenos tales como el asentamiento informal de familias en sitios de riesgo. El actual gobierno propone una agenda para el desarrollo que ha logrado cambios visibles en aspectos como la recuperación del papel de Estado y la priorización de la inversión social. Sin embargo, no se han producido transformaciones estructurales que pretendan alterar el sistema de mercado predominante, ni se ha cambiado el patrón productivo del país, por lo que, hasta el momento, se le atribuye la condición de posneoliberal, pero no poscapitalista ni posdesarrollista.