En los últimos diez años, Uruguay transita por la implementación de políticas públicas que buscan ampliar la capacidad colectiva sobre las formas de ordenamiento territorial, los recursos del Estado y las relaciones con el medio vivo. El mismo impulso produce políticas específicas de reconocimiento y apoyo a la agricultura familiar, como actor fundamental de un futuro rural al que se aspira, con mayor justicia y preservación de una forma de vida rural. Sin embargo, el diseño de ese proyecto compite con otra realidad de la modernización del agro, determinada por la agricultura empresarial en gran escala y la minería, donde la irrupción de grandes capitales no deja mucho espacio para la participación colectiva. El artículo muestra el caso de un país pequeño, con perspectivas agropecuarias, que ha iniciado en la última década políticas específicas hacia la agricultura familiar y la descentralización, pero que tiene que coexistir con una política económica que privilegia todavía a los grandes capitales.During the last ten years, Uruguay has pursued public policies aimed at expanding the collective capacity to decide about forms of land use planning, shaping relationships with the environment, and access to public resources. The same impulse has generated specific policies of recognition and support for family farming as a key component of a rural future with greater justice and the preservation of the rural lifestyle to which we aspire. However, the design of this objective competes with another reality of agricultural modernization, determined by corporate agriculture and mining, where the emergence of large-scale capital does not leave much room for collective participation. This article presents the case of a small country, with agricultural potential, that initiated specific policies to support family farming and decentralization during the past decade, but those initiatives have to coexist with economic policies that still favor big business.