La transparencia ha sido uno de los ejes más importantes dentro de las reformas del Estado chileno en los últimos 20 años. Con este término, en sentido vulgar, se hace referencia a la claridad, a la evidencia, a aquello que se comprende sin ambigüedad. Sin embargo, su sentido jurídico es más preciso, y el que nos interesa aquí –aún más acotado- es el que alude a la función pública, esto es, la “transparencia de la función pública.” A lo largo de nuestra historia republicana, la probidad pública ha sido un valor que ha estado presente en los gobiernos democráticos y, a lo menos, en términos de aspiración ha caracterizado a nuestras instituciones, aunque no es hasta bien entrado el siglo XX que se aborda el tema de la transparencia en términos de política pública, como parte de una agenda de modernización del Estado que tiene como propósito fundamental contribuir a controlar la corrupción y perfeccionar la democracia.