La política de desregulación emprendida en nuestro país, ha resultado una estrategia incompleta y contraproducente para el desarrollo mismo ya que omitió un punto básico para navegar con éxito en la globalización: la falta de eficientes sistemas económicos por entidad federativa. No es, en el sentido tradicional de la política regional, un pronunciamiento a favor de las ventajas absolutas o comparativas del comercio internacional ni de desarrollo endógeno, como tampoco el enfatizar la importancia del desarrollo regional, y su inclusión, en la política macroeconómica del país. Más bien, poner en la mesa de la política pública federal en general y estatal en particular, la importancia que para el desarrollo -nacional y estatal- tiene una política de ciencia y tecnología centrada en la competitividad de las entidades federativas y resaltar el papel que en ella debe jugar el gobernador. La razón es simple. México tiene problemas estructurales de difícil resolución e imposibles de revertir con enfoques tradicionales y, frente a ellos, no se pueden aceptar las tradicionales respuestas que, por regla, ponen en el banquillo de los acusados a un factor exógeno, y si es endógeno se tilda a la oposición o al gobierno del cambio como la fuente de todos los males que nos aquejan, pero que se gestaron a través de las décadas y con la complacencia del gobierno. En México, el gobierno como institución, es el responsable principal de nuestro declive ya que directa e indirectamente ha privilegiado prácticas nocivas y que han terminado por atrofiar a las instituciones en general. Sin embargo, no es el propósito del ensayo enumerar la interminable lista de anomalías que aquejan al gobierno como un todo institucional sistémico, sino explorar una alternativa de política regional pertinente con la globalización y que señala la actuación de un actor en particular: la orientación de la ciencia y la tecnología para la competitividad de las regiones y el papel que en ella deberá tener el Ejecutivo Estatal.