Los trabajadores migrantes mexicanos han jugado un papel importante en el desarrollo económico de EU como fuerza de trabajo explotable y despojada de sus derechos legales a partir del siglo XIX. La indocumentalidad, sin embargo, conforma un fenómeno reciente, que se ha vuelto cada vez más importante para la economía estadunidense desde fines del siglo XX. Hasta antes de la época de los Derechos Civiles, el mero hecho de que un trabajador fuera mexicano era suficiente para justificar su subordinación jurídica y económica. Los mexicanos fueron considerados bajo un trato especial previsto en la ley de inmigración, ya que, se les concibió como trabajadores temporales necesarios, no como inmigrantes potenciales que debían ser admitidos o excluidos. Fueron discriminados legalmente –pero no por tener su entrada restringida–. Los mecanismos jurídicos e ideológicos para mantener una mano de obra mexicana barata y explotable cambiaron en la década de 1960, en tanto la discriminación racial abierta se hizo menos aceptable. A partir de 1965, y especialmente después de 1986, nuevas exclusiones, así como una nueva ideología y estructura de una supuesta raza ciega a su “ilegalidad” se convirtieron en el principal medio para justificar la marginación de trabajadores mexicanos y, crecientemente, de migrantes de otros países latinoamericanos, paradójicamente, en la misma medida en que se volvían aún más importantes para la economía de EU. La reestructuración económica global de la segunda mitad del siglo XX expandió la necesidad de mano de obra explotable en áreas como la agricultura, donde los migrantes mexicanos ya estaban empleados, así como en áreas como la construcción y el empacamiento de carne que habían sido des-sindicalizadas y reestructuradas, y en nuevos empleos en los servicios, mismos que sostenían tanto a las nuevas élites como a la conflictiva clase media creada por la desindustrialización y la austeridad neoliberal.
Mexican migrant workers played an important role in U.S. economic development as an exploitable labor force deprived of legal rights starting in the nineteenth century. Undocumentedness, though, is a recent phenomenon, becoming important to the economy in the late twentieth century. Until the Civil Rights era, the mere fact that a worker was Mexican was enough to justify legal and economic subordination. Mexicans were consistently accorded special treatment under immigration law because they were seen as necessary, temporary workers rather than as potential immigrants to be admitted or excluded. They were legally discriminated against—but not by having their entry restricted. The legal and ideological mechanisms for maintaining a cheap, exploitable Mexican labor force changed in the 1960s as overt racial discrimination became less acceptable. After 1965, and especially after 1986, new exclusions and a new ideology and structure of supposedly race-blind “illegality” became the principal method of justifying the marginalization of Mexican, and increasingly other Latin American, workers, even as they became even more important to the U.S. economy. Global economic restructuring in the second half of the twentieth century expanded the need for exploitable labor in areas like agriculture where Mexican migrants were already employed, in areas like construction and meatpacking that were de-unionized and relocated, and in new service jobs that sustained both the new elites and the struggling middle class created by deindustrialization and neoliberal austerity.
