El objetivo es analizar las distintas respuestas del Estado ecuatoriano a través de sus instituciones, pero también a través de su sistema judicial, con respecto a la población que se encuentra en situación jurídica irregular en el país. Para ello utilizaremos el caso de la migración cubana por ser uno de los ejemplos más claros en los que se producen posiciones divergentes, incluso antagónicas, con respecto a las respuestas que el Estado ecuatoriano ofrece a esta problemática. Intentaremos contestar así, a través del caso cubano, a la pregunta ¿Por qué tienen lugar esas posiciones divergentes?, para pasar posteriormente a analizar las tensiones que se producen a nivel estatal, en donde ciertos actores propugnan el derecho a la movilidad humana, mientras que otros presentan posiciones de rechazo al migrante. Veremos igualmente cómo estas posiciones se traducen en respeto y vigencia a los derechos humanos de las personas en condición migratoria irregular y como en el otro caso se traduce en violaciones de sus derechos humanos.